Prohibir que funcionarios públicos promuevan instrumentos financieros

Nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de Argentina, estamos profundamente preocupados por los recientes eventos relacionados con las acciones de nuestro presidente, Javier Milei, quien utilizó su cargo para promocionar una criptomoneda, lo que resultó en pérdidas financieras para miles de compatriotas. Este caso es un claro ejemplo de cómo el abuso de confianza y de influencia por parte de funcionarios públicos puede causar un grave daño al bienestar de la población y a la estabilidad de nuestro sistema financiero.

El caso concreto:
El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales una criptomoneda recién lanzada, describiéndola como un "proyecto privado para estimular el crecimiento económico de Argentina". Tras su publicación, el valor de la criptomoneda experimentó un aumento significativo, pero poco después colapsó, perdiendo la mayor parte de su valor.

Este episodio generó confusión y desconfianza en el mercado, dejando a miles de argentinos en una situación financiera vulnerable tras haber invertido basándose en el respaldo del presidente.

¿Por qué es importante?

Abuso de confianza. Los funcionarios públicos, especialmente aquellos que ocupan cargos de alto nivel, tienen una gran influencia sobre la opinión pública. Su apoyo a un instrumento financiero puede ser interpretado como una recomendación oficial, lo que lleva a los ciudadanos a tomar decisiones equivocadas.

Riesgo para la estabilidad financiera. Promover activos de alto riesgo, como las criptomonedas, sin informar adecuadamente sobre los posibles peligros, puede resultar en pérdidas masivas para la población.

Falta de responsabilidad. Actualmente, en Argentina no existen mecanismos legales claros que responsabilicen a los funcionarios públicos por las consecuencias de sus acciones en el ámbito financiero.

Nuestras demandas:

Prohibir que funcionarios públicos promuevan instrumentos financieros. Exigimos que se introduzcan cambios en la legislación para prohibir que el presidente, ministros, diputados y otros funcionarios promocionen o publiciten criptomonedas, acciones, bonos u otros instrumentos financieros.

Establecer mecanismos claros de responsabilidad. Es necesario crear normas legales que permitan responsabilizar a los funcionarios públicos que violen esta prohibición. Esto podría incluir multas, suspensión de cargos o incluso responsabilidad penal en casos graves.

Crear un órgano de control independiente. Proponemos la creación de una comisión independiente que supervise las acciones de los funcionarios públicos en el ámbito financiero y prevenga posibles abusos. Este órgano debe tener la autoridad para investigar casos similares y aplicar sanciones.

Información obligatoria sobre riesgos. Cualquier mención de instrumentos financieros por parte de funcionarios públicos debe ir acompañada de una advertencia clara sobre los riesgos y debe aclarar que no se trata de una recomendación oficial del Estado.

Este caso con el presidente Milei es una señal de alerta para todos nosotros. No podemos permitir que los funcionarios públicos utilicen sus cargos para beneficio personal o para acciones imprudentes que perjudiquen a los ciudadanos. Exigimos cambios inmediatos en la legislación y la creación de mecanismos que protejan a los argentinos de situaciones similares en el futuro.

¡Firma esta petición si crees que los funcionarios públicos deben ser responsables por sus acciones y que los ciudadanos deben estar protegidos contra manipulaciones financieras!